Un completo avance de la enésima reforma energética que se aprueba hoy.

La enésima reforma energética que se aprueba hoy trae consigo más ajustes en las subvenciones de las renovables y nuevas cargas para los Presupuestos del Estado, aunque en este caso, de forma muy limitada. Además, se dejará la puerta abierta a más subidas de los precios de la luz para el usuario y una liberalización mayor de los contratos, evitando que la mayoría de los consumidores sigan acogidos al paraguas de las tarifas reguladas.

A las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC y E.ON), se les reducirá los 5.000 millones anuales que cobran por distribución (el recorte puede llegar al 20%). También se les cortarán otras partidas, como los denominados pagos por capacidad. En subvenciones a renovables, se fijará un tope de rentabilidad bruta antes de impuestos del 7,5% ( un 5,5% neto) de forma retroactiva. Es algo por encima del 6,5% que se fijará en el caso de nuevas inversiones en otro tipo de instalaciones eléctricas, tope que sufrirán las eléctricas y grupos como Red Eléctrica.

En el último informe oficial de este año el "agujero" superaba por poco los 32.000 millones de euros. Pica para ampliar.

El objetivo del Gobierno es taponar el denominado déficit de tarifa, el desfase que existe en el sistema eléctrico porque los ingresos, vía tarifas que pagan los usuarios, no cubren los costes. En una década, ese agujero casi ha alcanzado los 30.000 millones de euros y sigue aumentando a razón de unos 4.000 o 5.000 millones de euros anuales.

Después de meses esperando nuevas medidas de ajuste bajo una tensión creciente, ayer se empezaron a despejar algunas dudas. El Ministerio de Industria convocó a las principales empresas del sector para esbozarles las líneas generales de la reforma. A las 5 de la tarde de ayer, acudían a la sede del Ministerio, en Madrid representantes de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC.

A las 7 había otro encuentro con representantes de las renovables, entre ellas, Acciona, Abengoa y ACS. Ocurría después de una semana crítica en la que el sector vivió un nuevo rifirrafe entre Industria, a cuyo frente está José Manuel Soria, y Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro.

De los 4.000 millones que Soria quiere ajustar con esta nueva reforma (más de 5.000 si se suman los costes extrapeninsulares), el ministro de Industria pretendía que 2.000 millones los sufragaran las cuentas públicas, a lo que Montoro se ha resistido. Hacienda ha recortado, incluso, el dinero que ya había previsto destinar al agujero eléctrico. En concreto, Industria contaba con traspasar en 2014 unos 1.800 millones del coste extra de la electricidad en las islas a Presupuestos. Pero Hacienda sólo asumirá la mitad.

Fuentes del Ministerio aseguraban ayer que se seguirá negociando hasta el último minuto, hoy en el Consejo de Ministros. El margen de Hacienda es pequeño. Con el techo de gasto para 2014 que se ha aprobado, dispone de 7.000 millones para todo tipo de contingencias en España, no solo la energía.

Pica para ampliar.

En este sector, la aritmética es sencilla. Menos dinero público significa que el hachazo a las empresas y a los usuarios tiene que ser mayor que los 2.000 millones iniciales que se preveían con la nueva reforma. A partir de ahí, empieza el ajuste fino. ¿Cuánto a las eléctricas tradicionales?, ¿cuánto a las renovables? Dentro de éstas, ¿cuánto a las eólicas y cuánto a las fotovoltaicas? ¿Y cuánto al usuario final?.

Sin duda, las más afectadas serán las renovables. Unas primeras estimaciones realizadas ayer cifraban en más de 1.500 millones el ajuste que sufrirán las renovables y unos 1.000 millones los que podrían sufrir las eléctricas. Habrá medidas como la posibilidad de que cierren ciclos combinados que les pueden aliviar, pero otras, como el tope del 6,5% a inversiones, que paralice todo tipo de renovación de redes.