Comienza el purgatorio de las comunidades [I], Valencia la primera en pedir ser rescatada.

Ayer se cumplía un año de la dimisión de Francisco Camps como presidente de la Comunidad Valenciana. El equipo de su sucesor, Alberto Fabra, ha decidido en la misma fecha solicitar el apoyo del Gobierno para llegar a fin de año. En la reunión semanal de ayer decidió acogerse al fondo de liquidez que el Gobierno había aprobado el viernes anterior, especial para las comunidades autónomas, y dotado en conjunto con 18.000 millones de euros. Un tercio procederá de un préstamo de Loterías. Las correcciones al Real Decreto publicadas el jueves señalan que los fondos ya se encuentran disponibles.

De las regiones en situación delicada, la Comunidad Valenciana ha sido la primera en levantar la mano, lo que hizo saltar más alarmas sobre la situación de la autonomía.

La Comunidad Valenciana estaba esperando un mecanismo de apoyo de Madrid como agua de mayo. De hecho, ése era el mes en el que se concentraron más vencimientos -unos 2.700 millones de euros- y hubo que recurrir a una ampliación de los préstamos ICO para poder cumplir. Entre tanto, todo se fiaba a la aprobación de unos hispabonos que no han llegado y a los que ya no se espera, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos.

La región no ha revelado de momento qué importe va a solicitar a Madrid de ese fondo, pero todo apunta a que podría ser de los más elevados entre las comunidades autónomas. Según señaló el vicepresidente del Consell José Ciscar, se solicitarán fondos para cumplir con los vencimientos y también para hacer frente al pago de deudas con otros proveedores. Los vencimientos totales de aquí a final de año ascienden a 2.500 millones de euros. En cuanto a las deudas con proveedores, hay todavía compromisos que quedaron fuera del plan de proveedores del Gobierno.

La Administración regional se apresuró ayer a señalar que "no ha pedido ningún rescate", sino que ha aprovechado las medidas de liquidez que el Gobierno ha puesto a disposición. El conseller de Economía, Máximo Buch, afirmó en una entrevista con esRadio que está segur de que "una gran mayoría de comunidades se van a adherir". Señaló que el compromiso es cumplir el déficit y que "lo que es nuevo es que el año que viene el déficit pasa del 1,1 al 0,7%". El ajuste de pasar de una a otra cifra lo sitúa en 400 millones de euros.

¿A quién deben?

Entre estos compromisos, uno de los más acuciantes es con las farmacias, que incorporaron al plan sus deudas de 2011, pero se les debe el dinero de todo este año, que es una factura de unos 120 millones mensuales. Las farmacias prevén cerrar del 23 al 29 de julio en protesta por los impagos.

También hay deudas pendientes con instituciones que no estaban en el perfil del plan de pagos de proveedores. Por ejemplo, las organizaciones empresariales, que ya han realizado EREs. La patronal de la provincia de Valencia va a subir las cuotas porque la Generalitat debe 6,9 millones. En la alicantina ha habido miembros del comité organizador que han llegado a pedir el concurso de acreedores. También están en este grupo los institutos tecnológicos, a los que adeuda 52 millones.

Una duda que queda en el aire son las condiciones que la comunidad deberá cumplir para ser merecedora de los fondos. Ciscar aseguró que no se van a imponer requisitos adicionales, más allá del plan de ajuste que ya se presentó en abril para acceder al plan de pagos de proveedores. Sin embargo, minutos después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que la adhesión al fondo de liquidez obligará a la región a asumir "nuevas condiciones".