La auditoría a la banca, la gran "prueba del algodón" española. Séneca.

Uno de los acontecimientos más determinantes que decidirán la suerte país en materia económica es la auditoría independiente a la que se someterá la banca nacional para determinar su fortaleza o deterioro.

La banca, receptora final de las consecuencias demoledoras de la burbuja inmobiliaria que arrasó el país, hast ahora se ha mostrado con mucha opacidad para evaluar los daños ocasionados por el ladrillo en sus balances. Ante la auditoría independiente quedarán al descubierto, o al menos eso esperamos, las vergüenzas que con tanto celo ocultan para evitar su deterioro en materia de depósitos y en los parqués bursátiles donde operan.

Ya está advertida la banca que la auditoría comenzará poniendo mucho énfasis en los créditos refinanciados (valorados por las entidades en poco más de 42.000 millones de €), ahí es donde se espera encontrar el gran pufo que se le supone, a la banca, pero desconocido hasta ahora.

La banca española se prepara para someterse ya a la evaluación que seis expertos independientes van a realizar de sus activos. Oliver Wyman y Roland Berger ya han empezado a trabajar en la primera parte del proceso, un test de estrés que concluirá en la segunda quincena de este mes. La parte más controvertida del proceso, con todo, se concretará en julio, cuando las cuatro grandes auditoras (PwC, Deloitte, KPMG y Ernst & Young) finalicen el análisis más pormenorizado de los balances. Algunos cálculos apuntan que la auditoría revelará una exigencia de saneamiento adicional de entre 40.000 y 70.000 millones de euros. Una parte de estos fondos tendrá que ser cubierta con dinero público, que el Gobierno negocia que venga de Europa.

Una de las claves de la auditoría será el diagnóstico que se realice de los créditos refinanciados, un foco de dudas para los inversores internacionales. La mayor parte de los bancos de inversión extranjeros sostienen desde hace años que la banca española oculta pérdidas y morosidad con esta estrategia.

Opacidad.


La última información pública facilitada por las entidades indica que hay, al menos, 42.200 millones de euros en créditos refinanciados de familias y empresas con dificultades de pago (desglosado, banco por banco, en el post). Pero la cifra es sólo la punta del iceberg, ya que apenas una docena de bancos ofrece datos sobre esta práctica y su información es parcial.


Las cifras son escasas, pero también poco homogéneas y comparables, lo que impide resolver las grandes dudas:

1.- Cuál es el volumen total de deudas reestructuradas.

2.- Su desglose por carteras (promotor, otras empresas y particulares).

3.- En qué punto se produjo la refinanciación (una vez declarado el impago o antes de entrar en mora).


4.- Cuál es su estado actual: cuántos créditos se han sacado del saco de impagados tras la refinanciación, cuántos se ha evitado que entraran en mora y sus provisiones.


Por entidades y según los datos públicos, BFA-Bankia, la más transparente en este terreno, es una de las que más ha recurrido a esta estrategia. En su plan de saneamiento se han declarado 21.900 millones en préstamos refinanciados a promotores, otras empresas y particulares, prácticamente un 11% de la inversión crediticia.


En Santander, el importe total de la cartera refinanciada se eleva a unos 9.700 millones, un 1% de los préstamos concedidos. Del total, los correspondientes al negocio en España son 4.172 millones.


La cifra declarada por CaixaBank es muy inferior, 488 millones, pero no es comparable. Únicamente detalla los préstamos dudosos renegociados. No aclara si, tras la reestructuración, han sido reclasificados como sanos.


Entre las cuatro grandes entidades, BBVA es la única que no aporta cifras. El informe anual de 2008 reveló que el banco renegoció ese año más de 6.500 millones. Desde entonces, no ha vuelto a dar cifras en sus cuentas anuales. Popular tampoco ofrece información sobre el volumen de créditos refinanciados. Más allá de las renegociaciones, también se ha visto que entidades rescatadas, como Banco de Valencia o Bankia, han aflorado una mayor exposición al sector inmobiliario, como consecuencia de reclasificaciones de créditos. Estaban catalogados, por ejemplo, en carteras como la de pymes, y tras una revisión han sido identificados como crédito promotor.


No está claro si existiría un intento de las entidades por disimular su exposición real al riesgo inmobiliario o si estas reclasificaciones son fruto de las divergencias en el método de contabilidad (en función de la finalidad del préstamo o de la actividad económica de la empresa a la que se le concede), pese a los esfuerzos de homogeneización realizados en los últimos años.


Sin salvedades


La credibilidad de los balances bancarios no es, sin embargo, lo único que puede ponerse en tela de juicio en el proceso. Las cuatro grandes firmas de auditoría no han alertado en los últimos años sobre estas operaciones al revisar las cuentas de la banca. En los informes anuales, también los relativos a 2011, no hay objeciones a este respecto. No será fácil argumentar por qué se ve ahora lo que nadie vio hace escasamente dos meses.

También es importante destacar que la auditoría puede ser la puya definitiva que certifique la defunción del sector inmobiliario español. Los activos de las inmobiliarias españolas están todos hipotecados por la banca... una pérdida de valor en los balances bancarios del ladrillo conllevará automáticamente a la misma rabaja en los balances de las inmobiliarias. Con la salvedad de que las entidades financieras sí tienen margen y herramientas para solventar la depreciación pero las empresas inmobiliarias caerán como moscas en invierno.

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